Mientras se agudiza la crisis financiera mundial, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que hay más de diez millones de estadounidenses desempleados. El desempleo alcanzó el 6,7% en noviembre. A esto se agregan 7,3 millones de “trabajadores de medio tiempo” que quieren trabajar tiempo completo pero no logran hallar un puesto. Las solicitudes para acceder al seguro de desempleo alcanzaron la cifra más alta en los últimos 26 años, mientras treinta estados afrontan una posible escasez de fondos para el seguro de desempleo. * Nuevamente saltaron a la vista las sorprendentes fallas de reguladores, como la Comisión de Bolsa y Valores, a partir del arresto del ex presidente del NASQDAQ Bernard Madoff [sí, se pronuncia ‘made off’, que en inglés es sinónimo de estafa] acusado de dirigir el mayor fraude financiero piramidal del mundo, con pérdidas estimadas en cincuenta mil millones de dólares, hacen parecer pequeñas a las cifras del escándalo de Enron. La imagen es desalentadora… a menos, claro, que usted sea ejecutivo de una empresa.
Se suponía que el paquete de rescate financiero de 700 mil millones de dólares, conocido como el Programa de Alivio de Activos en Problemas, TARP, por sus siglas en inglés, obligaría a eliminar las compensaciones exorbitantes a ejecutivos y los llamados “contratos blindados”. Mientras los contribuyentes estadounidenses pagan con los dólares que tanto les costó ganar, los ejecutivos de alto vuelo y los directorios de las empresas ahora están considerando adjudicarse bonificaciones multimillonarias.
Según el Washington Post, el lenguaje específico de la ley TARP que prohibía dichos pagos extraordinarios fue cambiado a último momento, mediante una pequeña pero importante edición de una oración realizada por el gobierno de Bush. El Post informó: “El cambio estipuló que la pena se aplicaría solamente a las empresas que recibieron fondos del rescate mediante la venta al gobierno de activos en problemas en una subasta”.
Lea la letra chica. De los fondos de rescate del TARP a ser desembolsados, tan sólo se les impondrían límites en el pago a ejecutivos a aquellos fondos que técnicamente se gastaron “en una subasta”. Pero el Secretario del Tesoro Henry Paulson y su ex colega de Goldman Sachs, Neel Kashkari [sí, se pronuncia “cash carry”, que en inglés significa ‘llevar dinero’], que está a cargo del programa, no tienen intención de gastar los fondos en subastas. Prefieren su Programa de Compra de Capital, que entrega dinero en efectivo en forma directa. Recuerden el curriculum vitae de Paulson: comenzó como asistente especial de John Ehrlichman durante el gobierno de Nixon y luego continuó trabajando durante un cuarto de siglo para Golman Sachs, una de las mayores receptoras de fondos del rescate financiero y principal competidora de Lehman Brothers, la empresa que Paulson dejó que quebrara.
La Oficina de Responsabilidad del Gobierno publicó un informe sobre el TARP el 10 de diciembre, en el que expresa preocupaciones sobre la falta de supervisión de las empresas que recibieron fondos del rescate. El informe plantea que “sin una fuerte función de supervisión y monitoreo, la capacidad del Tesoro de asegurar un nivel adecuado de rendición de cuentas y transparencia será limitada”. La organización de noticias sin fines de lucro ProPublica ha hecho un seguimiento del programa de rescate que reveló detalles que permanecen ocultos por el Tesoro. Al martes pasado, 202 instituciones habían obtenido fondos de rescate por un total de alrededor de 250 mil millones de dólares.
La Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo recientemente: “La implementación del TARP por parte del Departamento del Tesoro no es suficientemente transparente y no rinde cuentas a los contribuyentes estadounidenses”. Barney Frank, diputado demócrata de Massachussetts y presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, dijo anteriormente: “La utilización de estos fondos […] para bonificaciones, para el pago de indemnizaciones por despidos, para dividendos, para la adquisición de otras instituciones, etc., es una violación a las disposiciones de la ley”.
El senador Republicano Charles Grassley de Iowa dijo acerca del vacío legal: “Las delgadas restricciones a las compensaciones a ejecutivos en el proyecto de ley original desaparecieron”. Dejando de lado por el momento que los tres votaron a favor de la legislación, la ley claramente debe ser corregida antes de que se otorguen fondos adicionales.
Las sumas de dinero que se están llevando estos titanes de Wall Street son estremecedoras. En su informe anual “Exceso Ejecutivo”, los grupos United for a Fair Economy [Unidos por una economía justa] y el Institute for Policy Studies [Instituto de Estudios sobre Políticas] informaron que la compensación de 2007 para Lloyd Blankfein, Presidente de Goldman Sachs [el sustituto de Paulson] fue de 54 millones de dólares, y la de John Thain, Presidente de Merril Lynch, fue la cifra astronómica de 83 millones de dólares. Desde entonces Merrill fue vendida a Bank of America, luego de perder más de 11 mil millones de dólares este año; sin embargo, Thain aún quiere una bonificación de diez millones.
Paulson, Kashkari y su jefe, el Presidente George W. Bush, quizá no sean las personas más indicadas para gastar los próximos 350 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses, apenas semanas antes de que se reúna el nuevo Congreso, el 6 de enero, y de que Barack Obama asuma la presidencia, el 20 de enero. Al igual que el informante de Watergate, Garganta Profunda, le habría dicho a Bob Woodward cuando Paulson recién comenzaba: “Sigue la pista del dinero”. El pueblo estadounidense, sus representantes en el Congreso y el nuevo gobierno de Obama deben seguir el rastro del dinero, remediar el vacío legal en relación con el pago a ejecutivos y exigir rendición de cuentas de los bancos rescatados por el público.
* Amy Goodman es presentadora de Democracy Now! un noticiero diario de una hora que se emite por radio y televisión en más de 550 emisoras en inglés y 200 emisoras en español. Denis Moynihan colaboró como investigador para esta columna. © 2008 Amy Goodman.
Foto: Amy Goodman
24/12/08
ENGLISH TEXT
“Workers Laid Off, Executives Paid Off, Bernard Madoff”
By Amy Goodman
The global financial crisis deepens, with more than 10 million in the U.S. out of work, according to the Department of Labor. Unemployment hit 6.7 percent in November. Add the 7.3 million “involuntary part-time workers,” who want to work full time but can’t find such a job. Jobless claims have reached a 26-year high, while 30 states reportedly face potential shortfalls in their unemployment-insurance pools. The stunning failure of regulators like the Securities and Exchange Commission was again highlighted, as former NASDAQ head Bernard Madoff [you got it, pronounced “made off'] was arrested for allegedly running the world’s largest criminal pyramid scheme, with losses expected to be $50 billion, dwarfing those from the Enron scandal. The picture is grim—unless, that is, you are a corporate executive.
The $700-billion financial bailout package, TARP [Troubled Assets Relief Program], was supposed to mandate the elimination of exorbitant executive compensation and “golden parachutes.” As U.S. taxpayers pony up their hard-earned dollars, highflying executives and corporate boards are now considering whether to give themselves multimillion-dollar bonuses.
According to The Washington Post, the specific language in the TARP law that forbade such payouts was changed at the last minute, with a small but significant one-sentence edit made by the Bush administration. The Post reported, “The change stipulated that the penalty would apply only to firms that received bailout funds by selling troubled assets to the government in an auction.”
Read the fine print. Of the TARP bailout funds to be disbursed, only those that were technically spent “in an auction” would carry limits on executive pay. But Treasury Secretary Henry Paulson and his former Goldman Sachs colleague Neel Kashkari [yes, pronounced “cash carry'], who is running the program, aren’t inclined to spend the funds in auctions. They prefer their Capital Purchase Program, handing over cash directly. Recall Paulson’s curriculum vitae: He began as a special assistant to John Ehrlichman in the Nixon White House and then went on to work for a quarter-century at Goldman Sachs, one of the largest recipients of bailout funds and chief competitor to Lehman Brothers, the firm that Paulson let fail.
The Government Accountability Office issued a report on TARP Dec. 10, expressing concerns about the lack of oversight of the companies receiving bailout funds. The report states that “without a strong oversight and monitoring function, Treasury’s ability to ensure an appropriate level of accountability and transparency will be limited.” The nonprofit news organization ProPublica has been tracking the bailout program, reporting details that remain shrouded by the Treasury Department. As of Tuesday, 202 institutions had obtained bailout funds totaling close to $250 billion.
House Speaker Nancy Pelosi said recently, “The Treasury Department’s implementation of the TARP is insufficiently transparent and is not accountable to American taxpayers.” Barney Frank, D-Mass., chair of the House Financial Services Committee, said earlier, “Use of these funds … for bonuses, for severance pay, for dividends, for acquisitions of other institutions, etc. … is a violation of the terms of the act.”
Republican Sen. Charles Grassley of Iowa said of the loophole, “The flimsy executive-compensation restrictions in the original bill are now all but gone.” Put aside for the moment that these three all voted for the legislation. The law clearly needs to be corrected before additional funds are granted.
The sums these titans of Wall Street are walking away with are staggering. In their annual “Executive Excess” report, the groups United for a Fair Economy and the Institute for Policy Studies reported 2007 compensation for Lloyd Blankfein, CEO of Goldman Sachs [Paulson’s replacement], at $54 million and that of John Thain, CEO of Merrill Lynch, at a whopping $83 million. Merrill has since been sold to Bank of America, after losing more than $11 billion this year—yet Thain still wants a $10-million bonus.
Paulson, Kashkari and their boss, President George W. Bush, might not be the best people to spend the next $350-billion tranche of U.S. taxpayer money, with just weeks to go before the new Congress convenes Jan. 6 and Barack Obama assumes the presidency Jan. 20. As Watergate leaker Deep Throat was said to have told Bob Woodward, back when Paulson was just starting out, “Follow the money.” The U.S. populace, its representatives in Congress and the new Obama administration need to follow the money, close the executive-pay loophole and demand accountability from the banks that the public has bailed out.
Denis Moynihan contributed research to this column.
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