Con ocasión del 12º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la adopción del informe del Estado chileno sobre el Examen Periódico, el 24 de septiembre, la Sra. Danielle Mitterrand, representando l’ONG « France-Libertés » y la Red de Solidaridad Internacional con Elena Varela y el Pueblo Mapuche, intervino en la sesión señalando el carácter abusivo e injustificado de la criminalización de las manifestaciones de este pueblo por la salvaguardia de sus derechos fundamentales y territorios ancestrales. Indicó además, que esta criminalización está ilustrada por la aplicación de la Ley antiterrorista y la detención de documentalistas quienes efectúan reportajes sobre los conflictos entre las comunidades mapuches y el Estado chileno y los intereses privados. Subrayó además, que esta criminalización se acompaña de una cruel represión -de la cual ella fue testigo- terminando su intervención con la petición de que el Consejo de Derechos Humanos intervenga para que el Estado chileno ponga fin a esta criminalización, a la aplicación de la Ley antiterrorista y que garantice a través del Alto Comisariado de DDHH, un diálogo de igual a igual con el gobierno para resolver los conflictos existentes. En paralelo a esta sesión, una Conferencia denominada “Chile: criminalización del movimiento social Mapuche a través de la ley antiterrorista” fue organizada, por las mismas organizaciones en la sede de la ONU, en la cual se contrarrestaron los argumentos emitidos previamente, en la sesión del Consejo, por el Embajador Permanente del Estado chileno ante la ONU, Carlos Portales. En este evento intervino nuevamente la Sra. Mitterrand quien habló de su visita a Chile efectuada en el marco de una Misión de su institución en abril de 2009 y ratificó sus argumentos expresados en la sesión del Consejo. El antropólogo francés Fabien Le Bonniec situó el marco social, político y económico en el cual se están produciendo estos conflictos.

Intervino además, el abogado de Elena Varela, Jaime Madariaga, quien señaló que el informe presentado por el gobierno chileno, describe a Chile como un paraíso de los Derechos Humanos y remarcó la falsedad de las afirmaciones sobre el número de casos de mapuches a quienes se les ha aplicado la ley antiterrorista. Son cinco y no dos las personas de origen mapuche a quienes se les ha aplicado esta ley durante el gobierno de Bachelet, a pesar de su promesa durante su campaña presidencial de no aplicar esta ley dentro del contexto de lo que ella llamó, al hacer su promesa, 'El Conflicto Mapuche'. La misma ley se ha aplicado también, a personas no mapuches que están relacionadas con la lucha de este pueblo en sus demandas de recuperación de tierras, autonomía y derechos territoriales. Indicó que todas las acusaciones han sido establecidas por supuestos delitos contra la propiedad o de daño material, y ninguna lo ha sido por delitos contra la vida. Existen condenas basadas únicamente las declaraciones de testigos sin rostro. Señaló además, que el Estado ha perseguido a los violadores de Derechos humanos durante la dictadura, pero que no lo ha hecho contra quienes violan actualmente los derechos humanos esenciales de gente Mapuche. Dos de los últimos homicidios contra jóvenes mapuche, han sido mediante disparos por la espalda y estando ellos desarmados [El abogado de Elena Varela defiende también dos de las familias de los mapuches asesinados]. La documentalista Elena Varela testimonió sobre su detención producto de su investigación y producción de un documental sobre la realidad del pueblo mapuche, el proceso establecido en su contra, su reclusión en la Cárcel de Alta Seguridad de Rancagua, su trato y acusaciones injustas y su situación actual [reclusión nocturna]. Señaló que su caso fue un golpe en la conciencia de Chile y que este demuestra que la libertad de expresión no existe en el país. Gran parte del material audiovisual ha sido confiscado.
Christophe Harrison, documentalista francés –quien efectuó en marzo de 2008 con el realizador Joffrey Rossi, un documental sobre la situación de las comunidades Mapuche en proceso de recuperación de tierras- testimonió sobre su detención por Carabineros, la confiscación de su material y su pasaporte y sobre la acusación de infracción a la ley de extranjería. No fueron expulsados, pero debieron salir rápidamente del país. José Venturelli, médico pediatra, hizo alusión a las consecuencias de la represión en las comunidades y los efectos que estos vejámenes tienen en la salud de las personas expuestas. Calificó además a Chile, como un “Estado de Apartheid” contra el pueblo mapuche y los pueblos indígenas y lo comparó con las políticas y prácticas de África del Sur, en el pasado reciente. Se rebatió igualmente como una falsedad, la afirmación de Carlos Portales, quien señaló ante el Consejo de DDHH, que la libertad de expresión está protegida por la Constitución, puesto que acaba de ser rechazada en el Senado la modificación a esta ley, por la que se pretendía asegurar y proteger el trabajo de documentalistas, como Elena Varela, con respecto al secreto profesional y la seguridad de la fuente de información, en especial. Sobre lo planteado por el gobierno referido a la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, se aclaró que su alcance está limitado, pues concierne únicamente a la memoria y está basado esencialmente en el pasado, lo que es importante, pero sin duda hoy en Chile, también se violan derechos humanos esenciales de los pueblos indígenas y del pueblo chileno, pero ello parece no importarles. Miembros de la familia Calfunao testimoniaron sobre la persecución a su comunidad [familiares presos y otros exilados] e hicieron preguntas al representante del gobierno presente en la sala, sobre los presos políticos, quien respondió invocando el discurso de Carlos Portales en la sesión y evadiendo la pregunta. Finalmente, sus argumentos fueron rebatidos por el abogado Jaime Madariaga, instando al gobierno a ocuparse seriamente del conflicto.

* La Red de Solidaridad Internacional está integrada por las siguientes Asociaciones:

Terre et Liberté pour Arauco [France], le Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili [France], le Comité de Solidarité avec les Indiens des Amériques – CSIA Nitassinan-[France], Réseau d’information et Soutien au Peuple mapuche [France], Asociación Apatapela [Francia], Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos [DIDEPU] [Suiza], Comision de Apoyo a los Pueblos Originarios [Suiza], Comité Memoria y Justicia [Suiza], Association Culturelle Mapuche - Radio Región 14 [Gotenburg, Suède], Comité Mapuche Belgique [Bruxelles], Komiteen for Mapuche [Noruega], Comitato Lavoratori Cileni Esiliati [Italia], Asociación Wenuykan [Italia], José Venturelli [Canadá], Comisión Etica contra la tortura – Secretariado Europeo, Osservatorio della Pace – Capannori [Italia]
Apoyan este comunicado: Association Relmu [Paris]

Dirigir toda información a Contactos:
Collectif Droits de l’Homme au Chili [France] : hzavalaL@hotmail.com
Terre et Liberté pour Arauco [France] : libertadarauco@gmail.com

Foto: Elena Varela

28/09/09


PIÑERA EN EUROPA

'Un solo muerto ya es demasiado' Nelson Mandela. Sorprendentes fueron las declaraciones del candidato presidencial Sebastián Piñera a la prensa, en su reciente gira europea, respecto de la problemática de los Derechos Humanos en Chile. En entrevista al diario español “El Mundo”, el 1° de julio recién pasado, el representante del bloque derechista “Alianza por el cambio” explicó su posición frente a los Derechos Humanos y, de paso, destacó su papel de “opositor a Pinochet”. Con mucho énfasis y aparentando tener ideas muy claras respecto de un tema tan candente como éste, el candidato derechista afirmó: “creo que está bien que quienes tuvieron responsabilidades directas y responsabilidades como autores intelectuales de graves violaciones de los Derechos Humanos asuman su responsabilidad”. De manera oportunista, Piñera hizo estas declaraciones en un país que se ha destacado por aplicar el principio de jurisprudencia internacional a los violadores de Derechos Humanos. Cabe recordar que fue un juez español, Baltazar Garzón quien emitió una orden internacional de detención contra Pinochet para que fuera extraditado y juzgado en España; también Francia pidió su extradición para que declarara en procesos abiertos por la desaparición de ciudadanos franceses en Chile. Sin embargo, la Justicia inglesa, tras mantener a Pinochet en prisión domiciliaria durante 533 días, sucumbió a las presiones del gobierno de Frei y la derecha y le permitió regresar a Chile pretextando “razones humanitarias”.

Cabe señalar la importancia que reviste en Europa la acción de la Justicia internacional y el contraste de valores de un continente a otro. En Europa no se exime a los violadores de derechos humanos de ser juzgados invocando una edad avanzada. Un genocida de origen croata [ver diario “Le Monde” del 13-05-2009], de 89 años de edad, guardia en campos de concentración y exterminio, acaba de ser extraditado a Alemania desde los Estados Unidos para ser juzgado por la Justicia Internacional por crímenes de lesa humanidad. Francia también condenó a dos grandes criminales: Klaus Barbie, alemán, extraditado desde Bolivia en 1983, quien murió en la cárcel de Lyon en 1991, y el francés Maurice Papon, colaborador con los nazis durante la Ocupación. En cambio, Pinochet eludió a la justicia española invocando “razones humanitarias”.

Los ex-prisioneros políticos y exiliados emplazan a Piñera a pronunciarse en Chile sobre el tema de los derechos humanos, por cuanto sus declaraciones a la prensa española, que no trascendieron a la prensa local, contradicen tanto sus actuaciones recientes como pasadas. Cabe recordar que en 1995 Piñera presentó una iniciativa tendiente al cierre definitivo de la problemática de los derechos humanos, que no prosperó únicamente gracias al rechazo unánime de las agrupaciones de familiares y de diversas instituciones y organizaciones vinculadas al tema. Más recientemente, en 2006, en el marco de su campaña presidencial y para captar los votos de los militares en retiro, estableció un acuerdo para “cerrar los juicios y terminar con el desfile de militares en los tribunales”. De ser electo, está claro cuál será su política en esta materia.

En esta misma línea se inscribe la posición de Piñera respecto del indulto que propone la Iglesia Católica con ocasión del Bicentenario: una segunda amnistía masiva para los militares condenados por crímenes de lesa humanidad - la primera fue la ley de auto-amnistía de 1978, aún vigente. Apenas regresó a Chile de su gira por tres importantes países europeos, Piñera “olvidó” rápidamente sus declaraciones y se sacó la máscara de paladín de los derechos humanos.

Un rápido recuento de la política de Renovación Nacional [RN], partido cuya presidencia ocupó entre 2001 y 2004, demuestra los fuertes vínculos de éste con la dictadura militar. Sergio Onofre Jarpa, uno de sus líderes históricos, ministro del Interior de Pinochet entre 1983 y 1985, fue responsable de la muerte de decenas de personas en las protestas masivas que se realizaron en dicho período. En 1998, los líderes de RN y la UDI [Unión Democrática Independiente, abiertamente pinochetista] viajaron a Inglaterra para entregarle su apoyo incondicional a Pinochet, detenido en Londres a instancias de la justicia española y de los miles de chilenos repartidos en toda Europa en largo destierro, acusado de crímenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, la derecha, representada por RN y la UDI y el gobierno chileno de la época, impidieron que Pinochet fuera juzgado en España. Tampoco debe olvidarse que el partido de Piñera participó activamente en el homenaje póstumo que, tras el deceso del tirano en diciembre de 2006, le rindiera el conjunto de la derecha.

Asimismo, Sebastián Piñera destacó en España su rol de “opositor a Pinochet”. A la pregunta: “¿Cree que la derecha chilena ha conseguido superar el estigma del pinochetismo?”, respondió categóricamente: “El sector que yo represento ha superado totalmente ese período de la historia”, agregando que “Pinochet dejó de ser Presidente de Chile hace más de 20 años,[y] ya es parte del pasado”. El abanderado de la Alianza no puede ignorar que la herencia político-institucional de la dictadura y la perpetuación de la impunidad constituyen un pesado lastre para el avance en la democratización de nuestro país. Algunos aspectos de esta pesada herencia son: la Constitución de 1980, el modelo económico ultra liberal, el sistema electoral binominal, la ley antiterrorista y los Tribunales militares -hoy activados contra los comuneros Mapuche-, la ley de amnistía que ampara la impunidad, así como las leyes laborales y la privatización de la salud y la educación - obra de su hermano, José Piñera, ministro del Trabajo y Minería de Pinochet, que priva de derechos fundamentales a la mayoría de los chilenos.

El modelo ultra liberal – receta del propio Milton Friedman a Pinochet tras el golpe de estado militar de 1973 -, favoreció exclusivamente al empresariado chileno en desmedro de los trabajadores y de la soberanía y desarrollo del país. Este sistema, que hace agua en todo el mundo, también es criticado por numerosas personalidades políticas europeas que consideran que sus consecuencias constituyen un “crimen contra la humanidad”. El empresario Piñera, que construyó su fortuna al amparo de este sistema perverso, ocupa actualmente el lugar 701 del ranking de la revista Forbes de los mil hombres más ricos del planeta. Los métodos que utilizó para amasar esta fortuna, motivaron una orden de detención en contra suya y dos de sus asociados - Caso Banco de Talca -, por los delitos de “apropiación indebida” y “estafa”. En 1982 Piñera fue el único procesado que pudo eludir la acción de la justicia, sus socios Calaf y Danioni fueron condenado a tres anos de prisión. Misteriosamente Pinera, siendo el cabecilla de este gran fraude, logro ocultarse para sustraerse a la acción de la justicia. La explicación de esta misteriosa incógnita, aparece ahora. Recientemente una ex ministra de Justicia de Pinochet declaró que intervino “indebidamente” para evitar que fuera encarcelado, a petición de su hermano José Piñera, ministro, consejero y analista financiero de la familia Pinochet y senadores de la UDI.

A su regreso a Chile, Piñera, ya despojado del barniz propagandístico de “hombre de principios democráticos”, “opositor a Pinochet” con que revistió su imagen en su gira, vuelve a ser el hombre de derecha que siempre ha sido. En uno de sus últimos mítines y pese a haber afirmado en Europa que el pinochetismo había muerto, una ferviente admiradora le exigió: “¡Usted debe ser como Pinochet!” [diario electrónico La Nación del 2-07-2009], Por ello no sorprenden sus recientes declaraciones sobre la necesidad de otorgar un indulto a los militares condenados por violaciones a los Derechos humanos.

La decisión del bloque derechista y de la coalición del actual Gobierno de terminar con la ya debilitada acción de los tribunales en materia de derechos humanos, se expresa, entre otros, en la aprobación y discusión en el Parlamento de diversos proyectos de ley, como la creación del Instituto Nacional de Derechos humanos. Pero sobre todo, una vez más, la Iglesia Católica, la derecha y el gobierno, se conciertan para acallar, con un “perdonazo”, el clamor de justicia del conjunto de la sociedad. Una propuesta de indulto general obscena y vergonzosa, sobre todo por la impunidad de que goza hasta ahora en Chile la gran mayoría de los torturadores, asesinos y cómplices de la dictadura, y las condenas irrisorias que cumplen algunos de ellos en penales con una disciplina e infraestructura privilegiadas.

Para nosotros, activistas de los derechos humanos, el rescate de la Memoria y la lucha intransable contra la impunidad siguen siendo la única garantía para que nunca más en nuestro país se vuelvan a cometer crímenes contra la Humanidad. Y ni Piñera ni nadie detendrá a quienes conquistaron legítimamente, en la lucha contra la dictadura, el derecho a exigir Verdad, Justicia y Castigo.

* Desde París escriben: Carlos López Fuentes y Héctor Zavala Leiva del Collectif pour les Droits de l’Homme au Chili de Francia.

Email: ddh_chili_fr@hotmail.com

Agosto 2009

Foto: Sebastián Piñera