Los cuestionamientos acerca de la moralidad pública del candidato de la Derecha han acaparado el debate presidencial. Por mucho menos de lo que se le acusa, en otras democracias sus antecedentes habrían bastado para declararlo interdicto de participar en la elección. Sin embargo, no es el único caso. Anteriormente, desde estas columnas hemos señalado que no sólo Piñera, sino también Frei y Enríquez-Ominami deben aclarar ante la opinión pública situaciones que para cualquier ciudadano habrían significado ser investigado por los tribunales de justicia. De hecho, en un caso, Programa de Generación de Empleos, la investigación fue desviada, declarando Enríquez-Ominami que ignoraba que sus operadores políticos habían utilizado el dinero previsto en el presupuesto público para la generación de empleos en la Vª Región, a favor de su campaña de diputado. El caso de Frei Ruiz-Tagle ha sido recordado en más de una ocasión y jamás aclarado. Su desembarco en la política motivó hace ya casi 30 años en una compleja operación financiera que significó una importante evasión tributaria nunca aclarada. Al margen de resoluciones judiciales que nunca llegaron a aclarar el fondo del asunto corresponde a la opinión pública formarse una opinión y asumir su responsabilidad frente a las postulaciones de estos tres personajes.

Frei

Lo que está en juego es al igual que Piñera, la legalidad de la ganancia obtenida con la venta de sus acciones en Sigdo Koppers. El montaje consistió en articular una operación en la cual vendió sus acciones no a sus socios sino que a otra sociedad del grupo, Sigdo Koppers Forestal Ltda.[SKFL], la cual pagó a Frei los 2,63 millones de dólares de la época, por sus acciones en “Sigdo Koppers S.A.”. Como Frei era al mismo tiempo socio de SKFL, también debía vender su participación en esta sociedad que le había pagado 2,63 millones de dólares por sus acciones en “Sigdo Koppers S.A.”, pero lo increíble y fraudulento es que vendió su parte en sólo 8 pesos, es decir un peso por cada socio. De esta manera evitó el pago del impuesto global complementario [Fortínmapocho.com 20/08/09]. Al igual que Piñera debe una explicación al país. Además, Frei Ruiz-Tagle vendió en 8 pesos su participación en otras sociedades del grupo, cuyas capitalizaciones son de decenas de millones de dólares de activos, lo cual significa, nuevamente, una flagrante forma de burlar la ley, hecho sancionado, en los art. 21, 22, 63, 64 y 97 del Código Tributario, este último con penas de presidio menor en su grado medio y el artículo 97 y el N° 13 del art. 42 de la Ley de la Renta.

Piñera

En este examen descarnado y brutal de la política, Piñera olvida explicar el delito que se le acusa. Lo que la Superintendencia de Valores y Seguros [SVS] penó y multó en 2007, fue al director de LAN que en conocimiento de los resultados del balance compró acciones 3 millones de acciones para obtener un beneficio en conocimiento de una información que ningún otro participante en el mercado pudo tener, es decir información privilegiada, prevista en el Art. 164 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.045 del Mercado de Valores. En ese sentido la ganancia obtenida es ilegal, con además pena establecida en el Artículo 60 de la misma Ley, de Presidio Menor en cualquiera de sus grados, es decir de 61 días a 5 años. Operación que implicó un desembolso de $9.840 millones a través de la sociedad de inversiones Santa Cecilia, equivalente al 0,9% de la aerolínea. La prensa comenta que en sólo 48 horas, esta compra por menos de un 1% de Lan le arrojó a Piñera ganancias por cerca de $600 millones [alrededor de 700 mil dólares] a Piñera, poco menos del doble de la multa de $363 millones que semanas después le impuso la SVS. Operación que en definitiva llevó a Piñera al control de 27% de LAN. A esta operación debe sumarse por colusión en Estados Unidos en el caso LAN-Cargo [2008], episodio en la cual Piñera debió pagar 88 millones de dólares. Lejos están los días del fraude a la Ley General de Bancos en el caso del Banco de Talca [1982] sin embargo los manejos relatados en su conjunto retratan a un traficante con negocios al borde de la legalidad. Por menos que estas situaciones en Estados Unidos se espera que renuncie el político que solicita los votos del electorado.

Enríque-Ominami

Marco Enríque-Ominami, es parte del clan Ominami de la Vª Región, a la cual llega impuesto como candidato a diputado por la directiva del PS-Escalona de la cual su padre el Senador Carlos Ominami fue hasta hace poco Vice-Presidente. ¿Cómo entonces predicar la transparencia cuando es la manipulación de una directiva canalla la que impone su candidatura? Pero hay dudas que los Ominami nunca han aclarado sobre fondos del Programa de Generación de Empleos [PGE] que finalmente fueron hacia sus campañas electorales. El Fiscal constituido en Valparaíso para investigar los PGE en la V Región concluyó que efectivamente hubo desvío de dineros del PGE a campañas políticas. Un ex intendente de Valparaíso declaró a la prensa que muchos parlamentarios y candidatos pedían PGE para favorecer a sus seguidores. Según el alcalde de Quillota, los fondos utilizados por la candidatura del diputado Marco Enríquez-Ominami se elevarían a $3 millones, devengados de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y destinados a desmalezar el cerro Macaya en el plan de generación de empleos para trabajadores de Quillota. Actualmente existen 4 funcionarios condenado por la justicia a 541 días con pena remitida y multas por 10% de los fondos involucrados. Se investigan aún 3 operadores políticos con directa participación en las candidaturas de los Ominami. Puesto que Enríquez-Ominami acusó al gobierno de Bachelet de mantener operadores políticos en hospitales del sector público, debe aclarar la situación de sus propios operadores puesto que no puede refugiarse ignorando el fraude que se comete a sus espaldas y que en último término lo beneficia.

Estos tres candidatos deben una explicación al país. A falta de ella el país espera la renuncia de los tres mencionados, pues los hechos en que están involucrados así lo exigen. Si por el contrario no se levantan voces y estas candidaturas siguen su ruta, será el país, la ciudadanía entera, la que deberá asumir las consecuencias ó más concretamente su propia renuncia a los principios republicanos que dice abrazar.

* Director de Fortinmapocho.com

Foto: Héctor Vega

12/10/09