Nuestra propuesta consiste en revertir radicalmente las tendencias del actual modelo neo-liberal que sólo está acentuando la pobreza en el campo, destructurando las comunidades rurales, mal utilizando el escaso suelo agrícola del país [menos del 5% del territorio total de Chile] y poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria. No buscamos condenar toda la agroexportación, la actividad forestal y la contribución de nuestra agricultura a la balanza comercial del país [actualmente contribuye con un 25 al 30% del valor total de las exportaciones], pero sí de colocar estas actividades en un contexto de viabilidad y sustentabilidad a largo plazo y que no supediten a objetivos de productividad a corto plazo las necesidades y situación social de las comunidades rurales y la conservación de los recursos naturales. Debemos terminar con la visión de que lo único válido en el campo es la producción moderna de agromercancías, el agronegocio de exportación instalado en el medio rural y en que la vida rural tradicional es vista como una rémora que es preciso transformar con la modernización que siempre es concebida como estar a la última moda de lo que nos viene desde fuera y creer que lo económico en el sentido productivista, sin importar sus consecuencias sociales, es lo único que importa para el destino de los países.

En el largo plazo nuestras principales proposiciones para otra política de desarrollo rural y de producción agrícola son las siguientes: [a] iniciar de inmediato un programa nacional de conservación y de recuperación de suelos y de lucha contra el avance de la desertificación. Chile firmó el acuerdo internacional de lucha contra la desertificación, pero poco ha hecho al respecto hasta el presente; [b] establecer una política nacional de uso del agua y de riego que contemple un uso más eficiente de este recurso, termine con la concentración de la propiedad sobre las aguas que es el resultado de la actual legislación vigente y aumente la superficie regada con adecuada regulación. Es de extrema urgencia una profunda revisión del Código de Aguas y la promoción del riego; [c] mejorar la institucionalidad de apoyo a la pequeña agricultura campesina mediante una ampliación de las facultades y recursos de INDAP, el establecimiento de un gran banco específico de crédito para esta agricultura campesina y la dotación a los municipios rurales de un cuerpo técnico que les permita elaborar y desarrollar proyectos específicos de superación de la pobreza y de desarrollo rural. En todos estos casos se privilegiará, contrariamente a lo que ocurre hoy día, la acción hacia los grupos campesinos por sobre la acción individual; [d] dictar una legislación del trabajo que facilite la rápida organización sindical de los trabajadores rurales, incluyendo los temporeros, a través de sindicatos comunales y de federaciones de sindicatos que les permitan negociar mejores condiciones de trabajo y de vida; [e] establecer una nueva legislación de cooperativas campesinas que estimule la asociación a estas cooperativas otorgándoles facilidades tributarias y crediticias especiales. De igual modo desarrollar una política de educación cooperativa; [f] Contemplar mediante una legislación específica la restitución de tierras usurpadas con anterioridad a las comunidades mapuches y otros pueblos originarios. Este es un deber moral ineludible de nuestro país que mientras más tarde en resolverse más va a prolongar los conflictos que existen actualmente en dichas zonas. Aunque no hay cifras precisas se puede estimar que las tierras usurpadas desde la época de la dictadura corresponden a unas 300 a 500 mil hectáreas; [g] dotar de adecuadas pensiones económicas y de mecanismos de acceso a la tierra a los dirigentes campesinos que la dictadura excluyó del proceso de reforma agraria condenándolos a la miseria y a la pérdida inclusive de sus hogares [los exonerados de la reforma agraria]; [h] devolver al Ministerio de Agricultura la tuición y el control sobre las subdivisiones de tierras agrícolas ya sea con fines de expansión urbana o de divisiones para constituir parcelaciones residenciales. Esto es urgentísimo pues al paso actual de las subdivisiones el país perderá rápidamente las pocas tierras agrícolas que le quedan; [i] mantener mediante la política de bandas de precios y otros mecanismos apropiados una producción de alimentos básicos que asegure ante cualquier contingencia política o económica la seguridad alimentaria del país. La agricultura del Sur es eficiente en término de rendimiento, pero tiene costos más altos de producción que el de otros países con condiciones naturales más favorables. Abrir completamente las fronteras a dichas importaciones que, además, son subsidiadas, significa condenar a desaparecer a la agricultura productora de leche, carne, cereales y remolacha. Hay que terminar con el mito que todas estas regiones del Sur se pueden convertir hacia rubros de exportación, lo que sólo es posible en rubros y en superficies muy limitados. Hay que recordar que la remolacha se introdujo a Chile más por sus beneficios indirectos en la intensificación agrícola que por el costo del azúcar; [j] implantar una política de desarrollo rural que contemple mediante la acción sobre regiones específicas no sólo el incremento sustentable de la producción agrícola y/o ganadera, sino también otras actividades industriales y de servicios que permitan el pleno empleo de la población residente en la región. Un 39% del total de hogares rurales recurre a empleos no agrícolas para sobrevivir. Y esto en el futuro debería aumentar. En 2006, por otra parte, el 45% de los hogares que vivían de la agricultura tenían residencia urbana. En esto consiste una política revalorización del espacio rural que además debe buscar el establecimiento de la luz eléctrica, el agua potable, el alcantarillado y un sistema de comunicaciones adecuado. Hoy día hay ordenamiento territorial urbano, pero no existe nada para las zonas rurales que comprenden más del 95% del territorio nacional. Hay que definir una gran política sectorial para el desarrollo de la agricultura a mediano y en el largo plazo, sin lo cual, la situación social de la mayor parte de los agricultores se va continuar agravando. Una política de total abertura al exterior es socialmente negativa. Debemos tener una economía semiabierta preocupándonos más de establecer un equilibrio entre la producción nacional y el mercado interno; [k] implementar una política de protección eficaz al desarrollo de la biodiversidad agrícola de Chile; [l] hay que facilitar el rejuvenecimiento de los empresarios rurales, especialmente campesinos, mediante un sistema de pensiones adecuado para el retiro de los más viejos y una política de apoyo a la instalación de jóvenes agricultores [la experiencia europea es en este sentido muy interesante]. Todo lo dicho implica tener una política para el sector agrícola que hoy día no existe. Actualmente, se cree que con mantener los equilibrios macroeconómicos, el mercado va a resolver del mejor modo la mayor parte de los problemas económicos y se ha abandonado todas las políticas sectoriales.

* Movimiento de Saneamiento Político y Social

25/10/09