No pudo comenzar peor este 2010. En enero, los herederos de la sangrienta dictadura militar recuperaron el poder político estatal. En febrero, la naturaleza nos castiga con uno de los cataclismos más graves de la historia. De ambas catástrofes no será fácil reponerse, pero no hay más que hacerles frente.

Durante estos días tan duros, diversos personajes y personajillos del sistema han afirmado que es el tiempo de la acción, no del análisis y que no es hora de buscar culpables. Bonita excusa, sin embargo, está fuera de dudas, dentro y fuera de Chile, un conjunto de conclusiones preocupantes. Desde luego que el gobierno se ha mostrado inepto, lento, incapaz. Que perdió un tiempo precioso y que la entrega de ayuda se retardó inexplicablemente con las consecuencias conocidas. A casi una semana del sismo millones de chilenos seguían sin agua, sin electricidad, sin gas, sin provisiones. Todas esas empresas fueron privatizadas por la dictadura, situación que la Concertación mantuvo. Si fueran empresas públicas la situación pudo ser distinta. Por otro lado, está reconocido que un departamento técnico de la Armada de Chile es responsable de la muerte de cientos de compatriotas arrastrados por el mar y que estarían vivos si ese organismo militar hubiera actuado bien. Aunque nadie quiera tomar ese camino, técnicamente es viable hasta una querella criminal por esta inexcusable negligencia.

Queda al descubierto la perversidad y avaricia de muchas empresas constructoras que, como ha declarado la Asociación chilena de ingenieros calculistas estructurales, no hicieron un acabado estudio de los suelos sobre los que construían, o hicieron malos estudios estructurales o, simplemente, construyeron con mala calidad. Cientos de miles de chilenos sin hogar son víctimas de los que construyeron edificios, hoy derrumbados o en peligro. Queda demostrada también la ambición sin medida de los comerciantes que especulan a estas horas con las desgracias del pueblo.

Y sin embargo, dado el peso de la hegemonía cultural de la clase dominante, el centro de gravedad de la noticia se desplazó al pillaje y al saqueo y tras esa fachada se oculta la responsabilidad de los culpables. Tras la fachada del “orden público” que no es sino el orden de los de arriba, se justifica la represión a los de abajo. Con más rapidez que la leche y el pan llegaron las lacrimógenas y el apaleo, la represión de pacos y milicos. Sólo de eso se habla en los medios, algunos de los cuales tomaron partido a temprana hora por los dueños de los grandes supermercados ignorando los motivos de un pueblo que, desesperado por el hambre, a 24 horas del sismo tomó por mano propia los alimentos necesarios para sus niños. No se trata de defender al lumpen o no condenar los excesos que ha habido, pero sí se trata de defender a los hambrientos y no a los que lucran con sus necesidades. Y sobre todo, se trata de apuntar a las causas de fondo, no a los efectos.

Y la causa de fondo no es otra que el tipo de sociedad creado a partir del golpe militar del 73, del modelo económico, social y político que se aplica en Chile. El país, con ridículas pretensiones de primer mundo, se vió en su verdadera dimensión. Con sus carreteras, puentes, vías, viviendas que se vienen abajo. La radio anuncia la reapertura de las casas de empeño. Genial. ¿Y qué van a empeñar los pobres que lo perdieron todo? Pero de nuevo viene la Teletón. Es el Chile de hoy.

Me escribe un gran amigo desde el sur y lo dejo a modo de síntesis: “Vale la pena referirse a Concepción, todos se asustan ante comportamientos irracionales y no se han dado cuenta que en una sociedad de tantas desigualdades, de tanta concentración del poder económico, se está potenciando una bomba de tiempo. Los desplazados estaban a pocos metros de un templo del consumo donde todo era abundancia, bastaba con cruzar la línea del tren para que una multitud sin conducción y guiada sólo por la necesidad de satisfacer lo básico, pudiera hacerse de todo lo que se les negaba”. Esa es la esencia, a esto nos ha llevado el “libre” mercado.

* Eduardo Contreras es abogado.

Fuente: Columna Brújula política de El Siglo.

06/03/10