Hemos finalizado exitosamente el Seminario Continental y la Asamblea de Ramas de la Asociación Americana de Juristas que este año, como es de su conocimiento, se realizaron en Santiago de Chile los días 27 y 28 del presente, en la Casa del Maestro del Colegio de Profesores de Chile. Contamos con la participación de 48 colegas, 30 de países hermanos y 18 chilenos. De los países latinoamericanos se hicieron presente Argentina, Venezuela, El Salvador [dos parlamentarios], Perú, Ecuador, Puerto Rico, Brasil y Paraguay.

Estuvo presente la Presidenta Continental Vanessa Ramos [Puerto Rico], el Primer Vicepresidente Raudilio Martín [Cuba], el Presidente del Consejo Consultivo, Beinuzs Smukler [Argentina].

Abrió el evento el saludo de bienvenida entregado a todos los participantes por el Presidente de la Rama Chilena, Ramón Vargas y fue inaugurado por la Presidenta Continental, Vanesa Ramos.

Los participantes rindieron homenaje a quien fuera la querida Presidenta de la Rama Chilena y Vicepresidenta Continental, Graciela Alvarez. Intervinieron Manuel Jacques, por la Rama Chilena y Clea Carpi da Rocha por el Directorio Continental.

DISCURSO DE VANESSA RAMOS, PRESIDENTA CONTINENTAL DE LA AAJ

Un caluroso saludo. A nombre de la Asociación Americana de Juristas, agradezco a la Rama Chilena de la AAJ, al Comité Organizador, la Casa del Maestro y a todas las personas que hicieron posible este encuentro. Mi saludo y admiración al pueblo de Salvador Allende. El 11 de septiembre se cumplieron 39 años del golpe de estado en Chile que derrocó al gobierno democráticamente electo del presidente Allende. El gobierno de los EEUU, bajo la tutela de Henry Kissinger y la CIA, conspiraron para desestabilizar el país y el dictador Pinochet asumiera ilegalmente el poder.
Hoy son los estudiantes universitarios y de secundaria, hijos, hijas y nietos de los que soñaron con un Chile justo, los que levantan la bandera de la justicia y de los derechos humanos. Saludamos a los estudiantes que nuevamente han tenido que movilizarse para que se les respete el derecho humano a la educación, que tiene que ser gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Los jóvenes han tenido que enfrentarse a agresiones, abusos y represión. Nos parece inaceptable que en un sistema educativo, originado durante la dictadura y que culminó con la promulgación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza [LOCE], los estudiantes tengan que aportar gran parte del costo de la educación. El estado chileno y el presidente Sebastián Piñera son responsables de garantizar la educación gratuita a toda la población porque es un derecho humano.

Denunciamos la violencia de Estado contra el pueblo mapuche. La AAJ integró 2 misiones internacionales que constataron las graves violaciones de los derechos humanos denunciados por las comunidades indígenas en la Región de la Araucanía y la situación de gravedad de los presos políticos mapuche. En ambas, nos acompañó nuestra querida Chela. Actualmente presos mapuche continúan en una huelga de hambre en la cárcel de Angol que mantendrán hasta ser escuchados en sus justas demandas por la recuperación de sus territorios. Llamamos al gobierno chileno a terminar con la legislación antiterrorista y la justicia militar e instamos a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.

La lucha mapuche sigue criminalizada. La Ley Antiterrorista es una violación a los derechos humanos de los ciudadanos que ejercen su derecho a protesta, o reclaman, como en el caso de los mapuche, las reivindicaciones de sus tierras ancestrales y la exigencia de respeto a su identidad cultural. Reiteramos los pronunciamientos de la Rama chilena y las intervenciones de la AAJ ante el Consejo de Derechos Humanos expresando la “Responsabilidad internacional de Chile de desarrollar políticas sociales, económicas y culturales adaptadas a sus comunidades indígenas”, y de “respetar las normas de los Instrumentos Internacionales específicos sobre la materia que ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas así como poner fin a la represión a las comunidades mapuche y la persecución contra sus dirigentes”.

Hoy tenemos el honor de compartir con juristas que litigan casos de crímenes de lesa humanidad en Chile, Argentina y otros países. El 30 de agosto, observamos el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Continuemos denunciando las desapariciones forzadas para que los crímenes de las dictaduras y la Operación Cóndor no permanezcan en la impunidad. Hoy, hay esperanza para las víctimas y sus familiares. En Argentina, se llevan a cabo procedimientos legales contra los responsables de las atrocidades cometidas durante las juntas militares, cuyo objeto principal es la reparación histórica, verdad, memoria y justicia; y en Brasil, la Presidenta Dilma Rousseff creó una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1946 a 1988. Pero, lo cierto es que, las desapariciones siguen produciéndose. Nos corresponde como juristas a poner fin a este delito de lesa humanidad y esclarecer lo que ha pasado en países hermanos como Haití, El Salvador, en Guatemala, donde unas 200,000 mil personas fueron registradas como asesinadas entre 1960 y 1996, el período más intenso del conflicto armado y Colombia, donde hay más de 30 mil desaparecidos como resultado de una práctica de terrorismo de Estado en los últimos 20 años. En el caso de los Estados Unidos, que se dedicó a secuestrar personas mediante las rendiciones extraordinarias bajo custodia de la CIA, desaparecen inmigrantes que intentan cruzar la frontera de México con Estados Unidos. A pesar de las denuncias, estos casos no se investigan. 3

Al referirnos a Colombia y un proceso de paz, la AAJ espera que una vez alcanzado el Acuerdo, se disponga de garantías para abrir la democratización del país, con la participación de todas las fuerzas sociales y políticas que lleven a la construcción de una sociedad justa, libre de impunidad, de narcotráfico y de bandas paramilitares. Esperamos también que la presencia de bases extranjeras en territorio colombiano sea tema a discutirse.

Observamos las nuevas formas de ocupación, conquista imperial y de golpes de estado. Trataron en Venezuela, Ecuador y Bolivia y fracasaron, pero luego, utilizando los otros poderes del Estado logran dar un golpe en Honduras contra el presidente Manuel Zelaya y fueron perfeccionado el modelo en Paraguay. La destitución del Presidente Lugo, electo democráticamente, fue el resultado de una farsa institucional de la mayoría del Senado, dominado por afectos al régimen dictatorial strossnerista, las mafias y los sectores empresariales y políticos más reaccionarios, que no hubieran actuado sin el visto bueno de la embajada de Estados Unidos, y probablemente de empresas transnacionales como Rio Tinto. ¿Qué pretenden? Saquear nuestros recursos, robarnos el agua, contaminar nuestro entorno y debilitar la correlación de fuerzas en el continente para hacer fracasar el desarrollo de la integración regional y sus órganos Mercosur, Unasur y Celac.

Además, los nuevos y viejos imperios, EEUU y Reino Unido, pretenden perpetuar el colonialismo en Puerto Rico y las Islas Malvinas. Los EEUU no respetan el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación e independencia de conformidad con la resolución 1514[XV] de la Asamblea General y las resoluciones del Comité Especial de Descolonización sobre Puerto Rico. No respetan el reclamo del pueblo puertorriqueño al presidente Obama de conceder la libertad a Oscar López Rivera, quien lleva más 31 años encarcelado por sus acciones a favor de la independencia de Puerto Rico. Por ello, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños [CELAC] debe incluir en su agenda el caso colonial de Puerto Rico de la misma manera que incluye el caso de las Islas Malvinas.


La AAJ condena la persistente negativa del gobierno de Reino Unido de entablar negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas, violando las resoluciones de las Naciones Unidas y censura las acciones unilaterales que implican la militarización del Atlántico Sur y la exploración de hidrocarburos en la 4 plataforma continental Argentina, incompatibles con los principios de la Carta de la ONU, la Resolución 1514[XV], las decisiones de la Asamblea General y el Comité de Descolonización.

Recientemente, las añoranzas colonialistas británicas afloraron cuando amenazaron al gobierno del Ecuador, como si fuera una colonia, con ingresar por la fuerza a la sede de su embajada en Londres y apresar a Assange, lo cual constituiría una violación a la condición inviolable de una misión diplomática, a los tratados y convenios internacionales, entre ellos, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el Artículo 41 de la Constitución del Ecuador, que definen claramente los derechos de asilo y refugio. La AAJ reiteró el respeto a las normas sobre el asilo, conceder el salvoconducto y cesar las amenazas de entrar por la fuerza en el recinto diplomático ecuatoriano. A su vez, respaldamos el apoyo de los países integrantes de la UNASUR, del ALBA y de los diversos estamentos institucionales, sociales y políticos del continente.

Al desenmascarar el colonialismo no podemos perder de vista los intentos de reconquista que ponen en peligro la soberanía nacional a través de la masiva explotación, mercantilización, saqueo y extracción de nuestros recursos naturales por parte de las transnacionales y los gobiernos que las apoyan. Pretenden despojarnos del petróleo, gas, minerales, madera, bosques, pesca y hasta el agua. Todo el saqueo, se produce sin consideración a los derechos colectivos de los pueblos y en muchos casos en clara violación del derecho a la consulta, reconocido por el convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Como consecuencia, cuando se realizan los proyecto mineros o hidroeléctricos, los pueblos son víctimas de una brutal represión, desplazamientos forzados, problemas crónicos de salud, contaminación del aire y fuentes de agua, pérdida de la biodiversidad, falsas promesas de empleo y desarrollo económico, prohibición al uso de territorios sagrados por los indígenas, e innumerables violaciones de los derechos humanos. Ante todo, se aplican las leyes antiterroristas para criminalizar las movilizaciones populares.

Lo que tenemos que reafirmar contundentemente es que los recursos naturales son para el bienestar y progreso de los pueblos y no para beneficio de los imperios. 5

No es coincidencia de que junto a la actividad minera e hidroeléctrica proliferan bases militares estadounidenses en el Continente, se instala una base de la OTAN en las Malvinas, y aumenta la presencia de los asesores extranjeros en varios países bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico y la actividad criminal. Tampoco es coincidencia la reactivación de la IV Flota de la Marina estadounidense, que vigila todo el Atlántico Sur. Todo ello es parte integral de una estrategia para el control Continental, dominar nuestros países e imponer la doctrina de seguridad nacional en detrimento del bienestar de nuestros pueblos.
Pero con lo que no contaron es con que nuestros pueblos se levantan para defender su patrimonio y dignidad. Según estimados del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales [OLCA], América Latina es escenario de 155 conflictos mineros, involucrando 168 proyectos en 205 comunidades. Nuestros pueblos resisten los proyectos mineros y hidroeléctricos en Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y México, entre otros.

Veamos algunos ejemplos.

• En Chile: el caso Neltume Central Hidroeléctrica. La transnacional italo-española Enel-Endesa, pretende vaciar un lago, que conllevará la inundación de territorios sagrados mapuches y expulsión de comunidades indígenas. Además, hoy se discute la controversial licitación adjudicada por Soquimichi para explotar el litio y su relación con los familiares del dictador Pinochet.

• En Guatemala: Hidro Santa Cruz S.A., subsidiaria de la española Hidralia Energía pretende construir una central hidroeléctrica en Santa Cruz de Barillas. En el 2007 se realizó una consulta comunitaria en la que más de 40,000 personas rechazaron las actividades mineras y en 2012 reiteraron este repudio. El 1 de mayo de este año un comunario fue asesinado y otros dos heridos; la población respondió con manifestaciones. El gobierno guatemalteco responde con el estado de sitio y suspensión de las garantías constitucionales, que recuerdan los años más duros del conflicto armado interno.

• En Ecuador: En la década del 90, el gobierno de Ecuador otorgó un permiso a la empresa petrolera CGC para realizar exploración y explotación petrolera en territorio del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku sin consultar y sin su consentimiento. En el 2003, el pueblo Kichwa de Sarayaku
6 presentó una acción en la Comisión Interamericana. Este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el gobierno del Ecuador transgredió los derechos del pueblo Kichwa de Sarayaku a la consulta previa, a la propiedad colectiva y a la identidad cultural, y que debe adoptar medidas a fin de cesar de infringir dichos derechos, consultar con el pueblo Kichwa e indemnizar por daños. En la Corte el actual gobierno del Ecuador admitió la responsabilidad del Estado, que los actos de la destrucción de ríos son condenados y que había derecho a la reparación. Como punto de información fue el gobierno de Correa el que expulsó a la petrolera CGC.

• En Perú: El repudio del pueblo al proyecto minero Conga, para explotar oro y cobre, de la empresa Yanacocha y la estadounidense Newmont, en Cajamarca, es ampliamente conocido. El gobierno respondió dictando un estado de emergencia. De implementarse el proyecto, cientos de hectáreas de tierras se ocuparían para depositar los desechos tóxicos de la minería, produciendo daños irreversibles y perjudicando la agricultura y la ganadería, principales actividades económicas en la región. La lucha continúa y este mes hay manifestaciones para defender el agua y exigir la anulación del proyecto.

• En El Salvador: El pueblo lucha contra la minera canadiense Pacific Rim, responsable de graves daños al territorio. Actualmente, la principal batalla es evitar que las actividades de la transnacional no contaminen la cuenca del río Lempa, que abastece a casi la mitad de la población. Cuando el gobierno negó el permiso para la explotación, Pacific Rim interpuso una demanda en el Centro de Resolución de Conflictos de Inversiones [Ciadi], argumentando “expropiación de ganancias”. La Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres, informa que El Salvador ha perdido el 30% de la biodiversidad y es el país más deforestado del continente después de Haití.

• En Argentina: En Neuquén, las organizaciones populares y mapuche lograron una gran victoria contra la megaminería y mediante un plesbicito impidieron la minería a cielo abierto, la concentración de explosivos y el mantenimiento de un mineroducto en ocho mil hectáreas en Loncopué.

• República Dominicana: En Cotuí, los residentes protestaron contra la empresa minera canadiense Barrick Gold, por la contaminación de fuentes de agua, cultivos y ríos de la zona.
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Para vuestra información, Barrick Gold se dedica a la extracción de oro a cielo abierto. Tiene 27 minas que operan en Argentina, Perú, Chile, República Dominicana, Estados Unidos, Tanzania y Canadá.

Prevemos que la criminalización y represión de las luchas sociales continuarán para acallar nuestras voces. Pero, nuestros pueblos resisten los golpes de estado, defienden el agua, se levantan contra la gran minería y el agronegocio. Como juristas comprometidos con la justicia social exigimos a los Estados a cumplir con las legislaciones nacionales y convenios internacionales que protegen los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, civiles y ambientales de nuestros pueblos y a derogar las legislaciones antiterroristas. Tenemos la obligación de proteger el futuro de la humanidad y del planeta, el derecho a escoger nuestros propios modelos de desarrollo y proteger los derechos de pueblos y comunidades que se enfrentan al gran capital.

Por último, cierro con un ejemplo de valor: el caso de los cinco patriotas cubanos encarcelados en los EEUU. El 12 de septiembre se cumplieron 14 años del arresto y encarcelamiento de los Cinco por el gobierno de Estados Unidos. A pesar de las condiciones inhumanas de confinamiento para Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René – obligado a permanecer en EEUU por 3 años, los Cinco se mantienen inquebrantables. La defensa presentó nuevos documentos y evidencia en la corte basados en la conducta poco ética del gobierno por pagos secretos a periodistas de Miami. Esos periodistas crearon un clima hostil para condenar a los Cinco. Es imprescindible continuar con las campañas de solidaridad en apoyo a los Cinco en los Estados Unidos y a nivel internacional. Llamamos al Presidente Barack Obama a que haga uso de las facultades legales que le ofrece la ley de su país, para poner en inmediata libertad a los 5 luchadores antiterroristas.

Muchas Gracias y que vivan los estudiantes

30/09/12