El 14 de octubre a las 11 AM se presenta en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica de Chile el libro de Osvaldo Cazanga Moncada “Historia crítica de la educación pública en Chile”. Osvaldo Cazanga inició sus estudios formales de pedagogía en la Escuela Normal Superior José Abelardo Núñez. En 1956 recibió el título de Profesor de Educación Primaria Urbana. En 1963 recibió el título de Profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica y la Licenciatura en Educación en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En 1970 es nombrado Coordinador General del Centro de Perfeccionamiento y Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación. En 1979 realizó una maestría en Historia Económica en el programa de cooperación de las universidades de Costa Rica y la Universidad Libre de Berlín. Ese mismo año es nombrado profesor con dedicación exclusiva en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. En el ámbito de las actividades gremiales Cazanga ha tenido una activa participación en todas las organizaciones societarias en que se agrupaba el profesorado chileno, especialmente en la Sociedad Nacional de Profesores [SONAP].

A continuación citamos algunos párrafos del libro de O. Cazanga sobre la etapa de la post dictadura en Chile.
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Podemos denominar [como pos dictadura] al período histórico que se inicia en 1990 tras el plebiscito de 1989 y la elección presidencial de Patricio Aylwin. Los seis gobiernos que suceden a la dictadura, no resultaron como habría sido razonable pensar, en una transición de la dictadura a una digna democracia. Nosotros entendemos este período como un tiempo en el que los partidarios de la dictadura, así como los que se adjudicaron la defensa de la democracia ocuparon para acercar posiciones. Es la llamada política de los consensos.

En esos años, la verdad es que los chilenos, no percibimos ningún cambio notable que nos haga pensar que nos estamos alejando de la dictadura. Los gobernantes de este periodo, por lo general, si se revisa la historia de estos años pantanosos, hablaban de defender la democracia cuando defendían en los tribunales de justicia extranjeros, al dictador perseguido en esos horizontes por la justicia internacional. De esto no existe, o es muy difícil encontrar en la legislación dictada en esos años, disposiciones legales que implicaran, apenas, una acción cosmética, sobre el modelo de desarrollo impuesto por el régimen militar.

Proponemos entender este periodo no como de transición a la democracia sino como de prolongación de la dictadura. La historia de Chile tiene los ojos empañados por la retórica de “los señores políticos”. Todos son responsables de la consolidación de los peores rasgos, con los que podamos reconocer una tiranía, incluyendo, por supuesto, la corrupción.

Ya se ha visto, en la historia pedagógica de Chile, irrumpir esa misma política educativa, propugnada por economistas del liberalismo clásico, como por ejemplo Zorobabel Rodríguez, quienes incitaban a rematar los bienes del Instituto Nacional y otros establecimientos de enseñanza pública, porque, declaraban, “el Estado debe abdicar de su misión docente”. Me pregunto: ¿Estaremos regresando, sin saberlo, a la atmósfera espiritual de 1872? Debemos recordar que ya en las primeras constituciones de la República, aparece planteado el dilema entre educación privada y educación pública.

A partir del fondo ideológico elaborado por los pensadores y filósofos ilustrados del siglo 18, don Manuel de Salas y don Juan Egaña escriben las primeras propuestas teóricas y políticas, con las cuales los primeros gobiernos del país se esforzaran por ir construyendo, en medio de las dificultades del proceso revolucionario un sistema nacional de educación con calidad y equidad para todos.

Estos escritos que contienen las bases históricas de lo que deberíamos considerar el patrimonio educacional del país y que tuvo un importante desarrollo en la historia cultural de Chile, hasta el golpe militar, de 1973, promovido por muchos de los personajes que se consideran guardianes de la democracia en el país. Y que destruyera nuestro Estado Docente, junto a la legislación laboral y social, la Constitución Política, y una institucionalidad, que si no perfecta, era el resultado del pacto social que la nación pudo en sus circunstancias convenir. Por eso la necesidad de señalar algunos hitos temporales.
El movimiento estudiantil, con sus planteamientos logró trastocar las agendas del gobierno y los partidos políticos y sin embargo, en esencia, lo que solicitaban con sus bullangueras manifestaciones, no era más que unas cuantas definiciones, a nivel de política de Estado respecto de la educación nacional, que en tiempos pasados tuvieron vigencia.
Desgraciadamente esto no siempre resulta así, y la tal reforma se queda como un motivo propagandístico de los vencedores en la última elección. La educación es un proceso complejo, que tiende, en lo sustancial, a establecer un control sobre las estructuras de la sociedad. Una reforma de la educación, pretende ajustar ese control a la realidad de una nueva alianza de clases o fracciones de clases que se han integrado en un nuevo conglomerado político electoral.
La reforma educacional anunciada por el gobierno de la Nueva Mayoría, no por convicción, sino por la necesidad de encontrar apoyo para conservar el poder enfrenta el peor caos educacional que haya conocido el país. La anterior Concertación gobernante, intentó motivar a la población con una reforma pedagógica que fue denunciada, prontamente, por los estratos sociales juveniles como un operativo cosmético que culminó finalmente, en aquella patética fotografía que muestra a las principales figuras del gobierno y la oposición celebrando con algo como una danza tribal, el haber logrado un acuerdo político para resolver la problemática educacional del país.

Los responsables de esa Reforma la presentaban como un plan de carácter pedagógico, ajeno a todo contenido o propósito de otro carácter. Se trata de mejorar el aprendizaje escolar. De superar la calidad del conocimiento adquirido por los estudiantes.
El autor estima que, de vuelta a la democracia, se debió, necesariamente, impulsar una reforma educacional que, además de afectar sus aspectos pedagógicos, hubiese puesto el énfasis en la realidad sociológica que enfrentaba la escuela chilena después de los 17 años de dictadura que transformaron la sociedad mediante la violencia y el temor.

Si se piensa en el carácter pedagógico de esta reforma, se cae en la cuenta de que el factor esencial de su éxito o fracaso, está constituido por el profesorado, grupo profesional que fue objeto de una implacable persecución por el gobierno autoritario.

La lucha entablada por el Colegio de Profesores a partir de 1990, y en la época del ministro de educación Ricardo Lagos, no pudo devolver a los profesores su identidad social, puesto que ello requería y requiere una reforma social y no una reforma pedagógica.

El otro factor del hecho educativo y aún más importante, el niño y con él su familia y con ellos la comunidad escolar, también fueron violentados por la dictadura, en cuanto estructura social y económica. De acuerdo a las estadísticas que publica regularmente el INE, la estructura clasista del país ha cambiado en sentido negativo en forma notoria, como consecuencia del modelo de desarrollo impuesto al país.
Hoy, la sociedad chilena presenta un estrato superior ligado a los grandes capitales internacionales, que es el que rige los destinos económicos del país; un segundo estrato burgués nacional, que se desenvuelve de preferencia en la agricultura de exportación y en las medianas y pequeñas empresas que producen para el mercado interno; más abajo una clase media integrada por profesionales universitarios al servicio del estado o de la grandes empresas que se han hecho cargo de los anteriores servicios públicos., funcionarios públicos y privados, pequeños comerciantes, artesanos, etc.

En el otro extremo del cuadro social se sitúa un cada vez más débil proletariado, empleado en la industria y los servicios. Finalmente un creciente polifacético proletariado marginado de la actividad económica formal trata de sobrevivir, mientras la publicidad del gobierno y las otras agencias de la propaganda neoliberal, lo aturde, con himnos publicitarios, plagados de promesas sobre una sociedad moderna, tecnológica, participativa y la posibilidad cierta de consumir sin límites, en cuanto se supere, gracias a su santa paciencia, la última crisis, que parece eternizarse en medio de la angustia del hambre, de la enfermedad, los vicios y la desilusión.

En la actualidad –tardíamente– estamos percibiendo los cambios de la sociedad chilena antes y después de Pinochet. El instrumento con que el gobierno observa la realidad educacional del país, la calidad de la enseñanza que entregan las escuelas chilenas, para que los padres opten por matricular a sus hijos en aquellas más exitosas, aquellas que obtienen el certificado de excelencia académica, lo constituye el Servicio Independiente para la medición de la calidad de la enseñanza [SIMCE]. Este servicio prepara y administra pruebas o exámenes a distintos grupos de estudiantes de los colegios y escuelas, de las distintas categoría existentes en el país, de acuerdo a una programación preparada por el Ministerio de Educación.

Estos distintos sectores de las escuelas y colegios, atienden a grupos socio-económicos diferenciados, lo que se refleja en el costo de sus servicios. De este modo, las escuelas y colegios municipales resultan las más accesibles para los sectores sociales más pobres, que se concentran en áreas geográficas que todos reconocen; los establecimientos particulares atienden a grupos sociales con alguna mayor capacidad económica, aunque para ser objetivos, a veces atienden a los más pobres entre los pobres; los colegios privados o pagados, por supuesto atienden a los sectores sociales de mayor capacidad económica y que, por lo mismo, están en condiciones de valorar el significado de una buena educación. La distribución física de estos grupos de colegios está asociada con el mapa de la pobreza y riqueza de las regiones y ciudades, por lo cual, cuando se publicitan los resultados de las mentadas pruebas SIMCE, resultan evidentes, sus implicancias socio-económicas y sus verdaderas intencionalidades comerciales.

Si se reflexiona acerca del profesorado de las escuelas y colegios, se pueden encontrar algunas circunstancias que no siempre se explicitan en los documentos oficiales ni en los comentarios periodísticos. Ya se señaló que, primariamente, la educación es concebida como una preparación para la vida y una calificación para la participación en la vida económica de la sociedad. Sin embargo es indudable que la educación tiene, además, otros propósitos. Al reconocer que la educación es una función social, como la justicia o la salud, se volverá la vista al Estado, cada vez que critiquemos a la educación o a las escuelas o a los profesores y demás personal encargado de ella. Aunque el Estado no sea docente, como en el caso de Chile, la educación en cuanto a su fundamentación, a sus definiciones teóricas-pedagógicas, es de su absoluta responsabilidad.

El Decreto 240 establece el plan de estudios que los distintos establecimientos, colegios y escuelas deben ofrecen a sus estudiantes. Este Decreto dictado durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, en cumplimiento de una disposición de la Ley Orgánica de Educación, promulgada a última hora por la dictadura, establece un plan de estudios mínimo obligatorio y deja a la decisión de las comunidades escolares, su complementación, de acuerdo a sus propias realidades, siempre que sus iniciativas reúnan ciertos requisitos, como tener los recursos económicos y financieros y los recursos humanos calificados y necesarios.

Este decreto es el responsable principal o fundamental de la baja calidad de la educación que denuncian los alumnos padres y apoderados y hay que traerlo a discusión. Por él es que los empresarios de la educación rebajaron la calidad del servicio que entregaban a cambio de recibir mayores utilidades.
Ahora, no tan sólo debemos preocuparnos de este decreto, sino que debe extenderse a toda la historia de la educación del país. Como un modo de darle seriedad a la educación.

Estas disposiciones son el punto de partida para la competencia desatada por los sostenedores, corporaciones o individuos, por conquistar a las familias con mayor tradición educativa y mayores recursos económicos, con el atractivo de propuestas curriculares más atractivas para sus propios proyectos de vida

En cuanto a las escuelas y colegios municipales de educación general básica y educación media, se ven, también tensionados por las disposiciones del Decreto 240. Sin embargo, el sistema de subvención que se les aplica [pago según la asistencia y no la matrícula] y la imposibilidad de sus clientelas para pagar mayores aportes, los constriñe a ofertas curriculares limitadas al mínimo. De esta manera sus estudiantes conforman homogéneos grupos de niños y jóvenes provenientes de hogares pobres, de familias sin tradición educativa ni cultural, con padres y familiares que desempeñan trabajos y funciones mal remuneradas, muchas veces precarias, cuando no son cesantes o excluidos.

En estos grupos sus integrantes, niños y jóvenes, desarrollan una sola
visión de vida y de mundo, que finalmente conforma lo que algunos sociólogos y educadores han dado en llamar la cultura de la pobreza, frente a la cual la sociedad reacciona con medidas policiales y judiciales, que prolongan en el tiempo los síntomas de la dictadura, en una sociedad que no logra superar el síndrome de la desconfianza y el temor.

Así, por una parte la reforma impulsada por la dictadura, tendiente a imponer en el campo educacional la misma lógica con que refundó la economía del país, ha conseguido lo que el dictador le pidió a su Ministro de Educación cuando le ordenó iniciar está reforma.
El movimiento estudiantil que viene, manifestándose en los últimos diez años ha logrado altas cumbres en cuanto a capacidad de convocatoria como a claridad en sus planteamientos políticos: con lo importante que resultó, no hizo sino confirmar la relevancia que ellos han tenido en la historia del país. No ha sido el primero ni será el último. La educación es, por definición, la más política de las funciones sociales que se ejercen en cualquiera sociedad. Por esto el sector social que se encarga, frecuentemente, de dinamizarla es la juventud.
Nuestra memoria histórica nos recuerda un hecho indesmentible. El importante papel que nuestra juventud ha cumplido en la historia nacional, y que sin embargo, al parecer sólo algunos recuerdan, a la hora de los análisis y definiciones políticas que se hacen hoy.
Esta situación se presenta en forma nítida y categórica ya a partir de la Independencia política del país.

Debemos recordar que ya en las primeras constituciones que orientan los primeros pasos de la república, aparece planteada el dilema entre educación privada y educación pública.

Esto ocurrió desde que intentamos constituirnos en un estado y una nación independiente, original y responsable de nuestra propia historia. Jaime Eyzaguirre escribe en ‘Ideario y ruta de la Emancipación Chilena’ que “los años 1810 y 1814 fueron de ebullición y definiciones ideológicas. Desde muy temprano ya a fines de 1810, estuvo presente la idea que una realidad nueva debía ser imaginada y realizada por los actores locales o actores sociales como dicen hoy algunos ‘“voceros’”.
Si nos acercamos a nuestra historia educacional, nos sorprenderemos por la proximidad de las ideas que se discuten en coyunturas muy distintas del acontecer nacional. En el 2011 los manifestantes por las calles de Santiago, demandaron el reconocimiento constitucional de la responsabilidad estatal por la educación nacional. En 1811 el Congreso Legislativo que redactó el Primer Reglamento Constitucional que se dio el país, en su artículo 36 establecía que: “los gobiernos deben cuidar de la educación e instrucción pública como una de las primeras condiciones del pacto social. Todos los Estados degeneran y perecen a proporción que se descuida la educación y faltan las costumbres que la sostienen y dan firmeza a los principios de cada gobierno. En fuerza de esta convicción, la ley se contraerá especialmente a dirigir la educación y las costumbres en todas las épocas del ciudadano”.

Esta condición docente del estado nacional chileno fue mantenida en todas las constituciones que tuvieron vigencia en el país, hasta 1980., año en que fue dictada la que nos rige en la actualidad, con el aplauso de quienes hoy nos gobiernan y que transformaron esa realidad institucional en un modesto “estado subsidiario”.

De ese modo la educación en Chile ha venido dejando de ser una responsabilidad del Estado, para constituirse en un gran negocio para lo que se define como sociedad civil. y del cual lucran distintos grupos económicos y familiares que se disputan el poder político de la República.

Esta circunstancia, se hace evidente cuando los protagonistas del debate educacional no son profesores sino ingenieros comerciales o economistas. Incluso al premio nacional de educación no postulan maestros o profesores, sino ingenieros comerciales.
La juventud estudiosa del país ha revolucionado la política nacional, levantando banderas que se agitaron ya en los albores de nuestra vida republicana, con lo que, -¡paradoja de paradojas!- nuestra actual juventud busca transformar radicalmente nuestra vida social, devolviéndole tersura y lozanía a valores e ideales que agitaron a las generaciones fundadoras de la nación y la República.
Las movilizaciones de los estudiantes universitarios y secundarios ponen al descubierto las falacias y mitos que caracterizan nuestra convivencia nacional.

¿Cómo explicarnos esta paradoja histórica que lleva a las generaciones jóvenes y cultas de la nación a rescatar consignas cuyas consecuencias ellas no experimentaron sino por las referencias de sus mayores?

La ocurrencia de este movimiento educacional y juvenil, no debe ser presentado como una expresión de debilidad de nuestra estabilidad política. Por el contrario, pensamos que es demostrativo de la fortaleza del civismo de nuestra juventud. A pesar de la educación que recibe.
A partir de entonces el desarrollo político de nuestra sociedad se gestará como era previsible y deseable, en las aulas escolares. Las aulas del colegio medio de carácter público, serán las fraguas donde se forjará la democracia chilena, que aún resiste los efectos deformadores de la lógica del modelo económico neoliberal.

La historia del país, a mayor abundamiento registra los nombres y las ideas por las que lucharon largas cohortes de jóvenes estudiantes en cada coyuntura de nuestra existencia como nación.

El gran actor social y político de las convulsiones sociales que experimentó Chile en las primeras décadas del siglo XX fue la generación del año 20, de ese siglo.

Para la historia de Chile de las primeras décadas del siglo XXI el gran actor social y político de las convulsiones sociales que experimenta serán las generaciones que vienen luchando por las reformas educacionales desde el año 2000, de nuestro siglo.

La historia no concita mucho interés en los círculos políticos. La historia molesta, pues a veces nos señala que caminamos lejos de los senderos que trazaron nuestros antecesores.

01/10/2017