Esta etapa de nuestra historia educacional puede ser organizada en tres períodos Desde septiembre de 1973 a 1980, desde este año a 1990 y desde esta fecha al presente. El primero puede ser llamado de destrucción del sistema educacional existente, así como de las organizaciones gremiales, tanto del magisterio nacional como de los organismos de participación de la comunidad escolar. La segunda fase de la gestión militar en la educación consistirá fundamentalmente en la liquidación del estado docente y en la implantación de lo que se ha dado en llamar el estado subsidiario. Esto implicó la alcaldización de la educación pública y la dictación de una serie de normas legales y administrativas tendientes a estimular la gestión comercial del sector.
El tercer período, está ocupada por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, durante el cual, la tendencia a apoyar con la educación la filosofía del modelo económico, no se detuvo, sino que a nuestro juicio se acentuó notablemente. Se debe tener presente al respecto que todo cuánto, desde el punto de vista curricular intentaron estos gobiernos, no fue más allá de la realización de mandatos contenidos en la Ley Orgánica Constitucional de educación, dejada como obligada herencia por la dictadura. Los Ministerios de la Concertación, que por otra parte, destacaron en los cargos de responsabilidad política ejecutiva a personajes vinculados desde antes del setenta y tres a organismos de la educación privada de carácter confesional integristas
En verdad, nos asaltan dudas acerca de la conveniencia o inconveniencia de incluir en la historia educacional del país estos siniestros años, durante los cuales la dictadura militar, dedicada por entero a aterrorizar a la sociedad, persigue y reprime a la comunidad educativa del país, cuyos antecedentes se encuentran hoy en los archivos judiciales del país.
Ya en los primeros bandos de la Junta Militar se califica a los educadores de agitadores marxistas y se les responsabiliza de supuestos excesos políticos y de una inexistente anarquía al interior del sistema educacional. En los primeros días que siguen al golpe militar, se observa también una suerte de cuoteo político en la entrega de los distintos ministerios y servicios a la responsabilidad de las cuatro instituciones armadas comprometidas en el atentado a la constitucionalidad.
El Mercurio del día 15 de Septiembre informaba de la designación del profesor de la Escuela Militar, José Navarro Tobar, en el cargo de Ministro de Educación. Este en sus primeras declaraciones se refería a sus nombramientos recaídos en el ex. Subsecretario de la misma Cartera , durante el Segundo gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo y la Administración de Jorge Alessandri R., señor René del Villar Lazzerini; en la Superintendencia de Educación del profesor Julio Vega S y en la Direccción de Educación Primaria y Normal de Carlos Hormazábal Rocha.. A los pocos días el mismo diario informaba del nombramiento como Directora de Educación Secundaria de la Profesora jubilada Irma Saavedra Molina, Todos estos personajes, aparecen haciendo declaraciones que llaman a trabajar en concordia; ofrecen preocuparse por la solución de los problemas del magisterio, de los estudiantes; prometen buscar los medios para asegurar la participación de los miembros de la comunidad escolar. El nuevo Ministro declara “Me preocuparé, así mismo, de estimular la participación que le corresponde a los padres y a los apoderados, pues su acción está íntimamente ligada con la de los maestros”
Las circunstancias que siguieron al golpe de estado no eran inéditas en el país, por supuesto. Situaciones como las que hemos mencionado, en cuanto designaciones, encuentran sus antecedentes en episodios semejantes, ocurridos en la coyuntura política 1925 – 1933. Ellas ponen en evidencia las debilidades humanas frente al poder que puede levantar al pináculo de la autoridad a personajes de éticas ambiguas, prestos a satisfacer los intereses de quienes disponen del poder.
En un primer momento la Junta designó en las jefaturas de algunos servicios a personas de reconocida hostilidad al gobierno constitucional. Estos personajes fueron los encargados de preparar los antecedentes con que la Junta procedió a preparar los decretos con que cientos y miles de educadores fueron exonerados a partir del mes de Octubre de ese mismo año. Una profesora de historia de un liceo de la Pintana, fue designada Directora General de Educación Primaria, por haber enviado a Pinochet una felicitación telegráfica el día mismo de la asonada.
Ya para el mes de Octubre, la Junta Militar, ha empezado a definir el rol que corresponderán a cada una de las ramas de la defensa.
El Ministerio de Educación le correspondió a la Armada. El primer ministro designado fue el Almirante Hugo Castro Jiménez.
El sector educacional que más preocupó, desde un inicio a la Dictadura fue el correspondiente a las Escuelas Normales La casi totalidad de ellas eran fiscales. Las particulares, una o dos, eran regentadas por órdenes religiosas, de manera que la decisión de traspasar, a la Universidades su capacidad para formar docentes, y entregar títulos a quienes reunieran los requisitos establecidos en sus reglamentos, simplemente no las consideraron. El problema lo tenían las escuelas normales fiscales.
Ya en Diciembre de 1973, la Enseñanza Normal del país había sido declarada en reorganización mediante el Decreto Ley Nº 173, publicado en el Diario Oficial del 13 de Diciembre de ese año. La medida que significó la exoneración de parte considerable de su profesorado, la jubilación obligada de otros muchos, permitió, sin embargo, a oscuros elementos que habían venido vegetando al interior de estas escuelas, llegar a las aulas de alguna de las universidades favorecidas con aquella medida En un capítulo anterior hemos desarrollado en forma amplia algunas consideraciones respecto a estos establecimientos, los que desde el punto de vista de la orientación que pudieran ejercer en su quehacer las personas que en ellas se desempeñaban profesionalmente, habría que pensar, que como en toda la sociedad chilena, las orientaciones eran variadas y múltiples: cristianas pertenecientes básicamente al catolicismo, evangélicas, liberales, radicales en un alto porcentaje, masónicas, marxistas de todo tipo, ateos, etc. etc. Ahora, el peso de las personalidades como fuente de orientación para los jóvenes, siempre ha estado vinculado a la credibilidad y transparencia de las personas. Nos faltaría tiempo para demostrar la verdad de esta aseveración.
Con fecha 15 de Marzo de 1974, la Junta militar expidió el DL: Nº 353 que traspasó a las universidades la facultad de formar profesores y otorgar el título profesional habilitante para ejercer en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación.
Curiosamente este DL: creaba un Consejo de Coordinación Nacional de Formación de Docentes, que dependería del Consejo de Rectores de las universidades chilenas. Hoy en medio del caos reinante en el ámbito de la formación docente podría recurrirse a este DL, sin duda poco estudiado y mal aconsejado por la mediocridad de muchos profesores de las propias Escuelas Normales
El título II se refería al traspaso de los bienes muebles e inmuebles a las universidades que se interesen, pudiéramos decir en participar en esta auténtica feria de estos bienes que la nación había, en más de un siglo, acumulado, para hacer realidad, al mejor nivel posible su obligación docente. Una de las universidades tradicionales que más interés demostró en hacerse cargo de algunas escuelas normales lo fue la Universidad Católica, que estaba, por lo demás, en un proceso de desarrollo a través del país.
Los esfuerzos de la Dictadura por desbaratar el sistema nacional de educación que se inicia a partir del mismo 11 de septiembre encontraran tenaz resistencia en la comunidad educativa nacional, en la que debemos incluir por cierto, a sectores sociales que por otros motivos apoyarán a las fuerzas armadas, en sus declaradas decisiones de reconstruir todo el aparato estatal.
Así se puede entender que a pesar de las medidas represivas de carácter terroristas utilizadas para desmoralizar al profesorado, sólo en marzo de 1979, la dictadura se haya decidido dar comienzo a un plan destinado a apoyar su política económica definida por sus economistas neoliberales, con un sistema educacional de nuevo tipo, que en esencia se organizará a partir de los mismos principios en que se fundamentaba la nueva economía: la iniciativa privada como eje de todo desarrollo posible y la subsidiaridad del estado como política educacional y social
Así como habían desmantelado el conjunto de las empresas estatales, con la educación había que hacer otro tanto, “para que no hayamos arado en el mar”, como decía el general, en su Directiva al ministro en ejercicio, Alfredo Prieto. La verdad es que esto era lo esperado Pero la forma sigilosa, y categórica en que se anunciaron las transformaciones y su implementación sorprendieron a los actores sociales que conservaban algún espacio para lo menos opinar sobre el quehacer gubernamental.
La Iglesia Católica y la Masonería fundamentalmente. La primera por boca de sus organizaciones jerárquicas y la segunda, tangencialmente, a través de declaraciones de sus miembros destacados o en artículos publicados en sus revistas. En todo caso, hubo reacciones, lo que explica la intensificación de la represión a nivel de organismos gremiales y universidades que alcanzan su climax a fines del mismo año 1979.
La condición característica de la política educacional del estado chileno será la subsidiariedad y la permanente orientación a la privatización del sistema educacional
“La posibilidad que el Estado expanda aún más su labor educacional debe considerarse improbable, atendidas la magnitud alcanzada por aquélla. La escasez de recursos, la urgencia de emplearlos en consolidar la obra ya realizada en este campo, y la existencia de otras necesidades sociales, también prioritarias.
Por consiguiente, se estimulará con energía, la ayuda que el sector privado presta a la tarea educacional” [Carta del General Pinochet al Ministro de Educación, Marzo de 1979.
La transferencia de la responsabilidad estatal a la iniciativa privada se confió a una estimulante subvención a los interesados en incorporarse a la tarea educativa, ahora como un negocio.
La Directiva Presidencial reconocía que sólo la educación general básica ocuparía el interés central del estado, ya que la consideraba vital para la formación de un sentido de pertenencia nacional. El estado reconoce como su deber histórico y legal de que todos los chilenos, no sólo tengan acceso a la educación general básica, sino que efectivamente la adquieran y así queden capacitados para ser buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos compatriotas” En relación a los otros niveles de la enseñanza, planteaba por una parte un criterio selectivo, en cuanto a quienes se debería atender, y por otra , el diseño de una educación más estrechamente ligada al mercado laboral.
En realidad el nivel medio de la enseñanza y la educación superior son presentadas en el criterio de quienes le redactaron a Pinochet la Directiva Presidencial, como una “situación de excepción para la juventud, y quienes disfruten de ella deberán ganarla con esfuerzo y, además, pagarla o devolverla a la comunidad nacional por quien pueda hacerlo ahora o en el futuro”
Se comprometen, para el futuro inmediato, una serie de medidas destinadas a interesar a empresarios privados a intervenir en el nuevo mercado educacional.
En cuanto a la educación universitaria la misiva presidencial anuncia la formación de una comisión especial para cumplir con la tarea de elaborar una ley general de universidades.
Otro rasgo que el régimen quiso imponer a la nueva organización escolar fue la descentralización, para lo cual se procedió a entregar, primero la administración de las escuelas básicas, a las Municipalidades, y en una segunda etapa los colegios medios. Estas medidas fueron implementadas mediante el D..L. 3063 de 1979, el DFL. 3063 de Junio de 1980, y los decretos leyes 3474, 3476 y 3477 del mismo 1980. Los colegios técnicos profesionales fueron entregados a corporaciones patronales, mediante el Decreto Ley 3.166, que lleva la firma del Ministro Alfredo Prieto, también de 1980, como la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Fomento Fabril, etc. En 1981 por Decreto Ley 3476 se dictó una nueva ley de subvenciones, la que, fundamentalmente, mejoró el monto de los aportes fiscales y aligeró el proceso burocrático necesario para obtenerlos
Al mismo tiempo, el servicio educacional descentralizado, constituido por las Direcciones Provinciales de Educación y las Secretarías Ministeriales Regionales, fue dotado de competencias normativas y fiscalizadoras, a objeto de conservar una cierta estructura nacional para el sistema. Estos servicios, hay que recordar, existen desde hace muchos años en el país. Las Direcciones Provinciales, si se quiere, pueden ser consideradas desde el siglo 19, si se recuerdan los visitadores provinciales, o desde la Reforma de 1928, que las estableció sobre bases definitivas. En cuanto a las secretarías ministeriales se debe tener presente que fueron creadas durante la administración del presidente Eduardo Frei Montalva dándose inicio a su organización en el gobierno de la Unidad Popular
Hubo que dictar muchos y sucesivos decretos para la implementación de estas medidas. El estudio de esta legislación pone en evidencia la lucha que diversos sectores del gobierno libraban al interior del Ministerio de Educación. Así, por ejemplo, primero se dicta el Decreto Nº 2.327, en 1978 que establece lo que, pomposamente, se llamó Carrera Docente. Este decreto, al poco tiempo, fue anulado, con el traspaso de escuelas y colegios a los municipios o al sector privado
Desde otra perspectiva hay que señalar que el profesorado vivió estas medidas en la más absoluta indefensión. Ya en 1973 la Junta Militar había ilegalizado las instituciones gremiales en torno a la cuales el magisterio se había organizado por ramas y niveles. Por Decreto Ley 678 de 1974, el gobierno había aprobado y dispuesto la creación del Colegio de Profesores de Chile, esperando conseguir a través de él, una mayor gobernabilidad del profesorado. El organismo cayó en manos de un grupo de profesores radicales de derecha, vinculados a las logias masónicas y no tuvo mayor trascendencia en la vida educacional del país. Primer presidente del Colegio fue designado un tal Gariazzo
Finalmente, con respecto a las Universidades que tanto interés habían despertado en los sectores más reaccionarios de las fuerzas armadas y de sus admiradores civiles, hay que recordar que por DFL. Nª 1 y publicado en el Diario Oficial del 3 de Enero de 1981; el DFL. Nª 4, publicado el 20 de Enero de 1981, el DFL. Nº 5 publicado el 16 de Febrero de 1981 y el DFL. Nº 24 publicado en el Diario Oficial el 24 de Abril de ese mismo año, fue reestructurada la educación universitaria, disponiéndose medidas, de gran trascendencia. Entre estas medidas cabe mencionar la decisión de privar a las pedagogías de su carácter universitario, la que junto a otras tomadas en otros campos ha contribuido eficazmente al menoscabo de la profesión docente y de la eficacia y la eficiencia de la educación nacional.
De este modo las universidades estatales vieron reducidos los ámbitos de sus Facultades e Institutos que tenían en Santiago. Sobre las sedes regionales que estas universidades tenían en provincias fueron creadas nuevas universidades públicas. En un comienzo se les llamó universidades “derivadas”, ya que las consideraban herederas de sus universidades matrices: la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Esta última, fue transformada por la Dictadura en la Universidad de Santiago [USACH]. Se le quiso quitar, seguramente el élan de universidad popular que la había acompañado desde su fundación.
Así fue como se establecen las universidades de Antofagasta, Atacama, de La Serena, de Tarapacá; de Valparaíso, de Talca, la Universidad del Bío- Bío, la Universidad de la Frontera y la Universidad de Magallanes.
Por otra parte, con las facultades de educación de la Universidad de Chile en Santiago y en Valparaíso se crearon sendos institutos profesionales denominados “Academias Superiores de Ciencias Pedagógicas”, las cuales posteriormente se convirtieron en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación [Umce] y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
Del mismo modo se abandonó el mecanismo de creación por ley de nuevos centros de educación superior y se dieron amplias facilidades para la creación de universidades, institutos y centros privados. Con estas determinaciones se organizan las universidades privadas, propiamente tales, que no reciben financiamiento de parte del Estado. Las primeras de estas universidades fueron la Diego Portales, la Universidad Central y la Universidad Gabriela Mistral en el año 1982.
En 1984 surge la Universidad Arturo Prat y en 1991 la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Católica de Temuco, sobre la base de antiguas sedes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1993 se constituyen oficialmente la Universidad de Los Lagos y la Universidad Tecnológica Metropolitana. Las dos son miembros del Consejo de Rectores y reciben aportes fiscales.
El crecimiento del sector privado de la educación superior resulta explosivo. En 1988, se crean entre otras, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Las Américas, la Universidad de Los Andes, la Universidad Finis Terrae y la Universidad del Mar. La Escuela de Negocios”Fundación Adolfo Ibáñez” se transformó en universidad. En 1990 se funda la Universidad del Desarrollo, en la cual tienen intereses sectores políticos de derecha..
En resumen, el sistema de educación superior se ha convertido en un complejo agregado que en 1998 estaba formado por sesenta y seis [66] universidades de las cuales 25 forman parte del subsistema financiado en parte por el Estado. Las cuarenta y cinco universidades restantes no reciben aportes estatales. Además de la Universidades existen sesenta y seis [66] Institutos Profesionales y ciento veinte [120] Centros de Formación Técnica, todos ellos privados y sin subsidio público. En los últimos años estas estadísticas han tenido variaciones menores.
La municipalización de las escuelas y colegios fiscales tuvo varias consecuencias sobre el régimen de salarios y remuneraciones, sobre estabilidad funcionaria y política. “El traspaso a los municipios significa, por expresa disposición legal, el término de la Carrera Docente. Esto significa que ninguna norma se establece para el ingreso, permanencia y/o ascenso en el sistema. También pierden vigencia las normas sobre horarios de trabajo, vacaciones, remuneraciones. La regulación legal por el Código del Trabajo, en cuanto a la duración de los contratos, deja en la más absoluta inestabilidad a los docentes. Lo expresa de manera franca y clara el propio subsecretario de Educación, quien señala al diario La Tercera: “La petición de inamovilidad para los profesores traspasados a los municipios, hecha por el Colegio de Profesores, no es más que una buena intención, pero es inaplicable legalmente”] 2 de de Mayo de 1981
Para agravar más aún la situación creada al profesorado debemos recordar, que por razones ideológicas-represivas los municipios habían dejado de ser autónomos y habían paso a depender, para muchos efectos, del Ministerio del Interior
Todo esto ocurría ante la total impotencia o incondicionalidad de los directivos del Colegio de Profesores, a que nos hemos referido en algunos párrafos anteriores.
Desde una apreciación histórica, sin embargo, el significado de este conjunto de medidas inconsultas, arbitrarias y cargadas de ideologismo, constituyeron otro de los errores políticos de la Dictadura, que finalmente la expulsarán del poder.
En otro campo, en el de los instrumentos técnico-pedagógicos la Directiva Presidencial anunciaba la flexibilización de los planes y programas de la educación básica. Se estimulaba una educación de acuerdo a la realidad local. Esto se hacía previendo las dificultades financieras de los municipios de comunas pobres y marginales, y considerando que la realidad económica de sus pobladores sería un obstáculo insalvable para la tarea de formar a los “buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos compatriotas.” El DFL 4002 autorizaba a los establecimientos educacionales para disminuir el número de horas semanales de clases, en algunas materias, en caso de que así lo aconsejaran la realidad económica de la escuela o colegio, o el diagnóstico que se obtuviera acerca de los resultados del proceso de enseñanza– aprendizaje del alumnado.
Si se considera que la epistemología del plan de estudios, se refiere a un modelo cultural que se pretende para una sociedad, tendremos ante nuestros ojos toda la magnitud de la medida tomada. No obstante, una vez más, resulta totalmente congruente con la filosofía que respalda el modelo económico, cuyo sello distintivo es la marginación y la competencia sin equidad
A primera vista, los planteamientos de este DFL aparecieron como aperturistas a una mayor consideración de la capacidad profesional de los maestros y a la supuesta rigidez que muchos suponían al currículo básico hasta entonces vigente. Sin embargo hubo sectores vinculados a la educación y a los cuales la dictadura había reconocido un cierto derecho a la expresión, como la Iglesia Católica, la Masonería y personalidades que trabajaban al alero de ellas., que hicieron presente sus observaciones. y develaron las verdaderas finalidades de esta legislación dictatorial
La Iglesia hizo presente su posición mediante una carta pastoral del Comité Permanente del Episcopado, en la cual sin manifestarse directamente sobre las Directivas Presidenciales, exponen el pensamiento de la Iglesia sobre educación y los principios conforme a los cuales, desde una perspectiva cristiana se puede juzgar lo adecuado o inadecuado de un determinado sistema educacional. La educación tiene un propósito humanizador del hombre. “Es un servicio al hombre y, a través de éste a la sociedad”.
“Tendrá que cuidar el Estado, por mecanismos apropiados, que no se produzcan diferencias irritantes entre sectores sociales según su diversa posibilidad de acceder a una buena educación evitando que sólo los beneficiados de la fortuna tengan acceso a ella”
La preocupación de los obispos no es sólo que todo el sistema educacional, como se ha anunciado, estará regulado por la ideología del actual Gobierno, con el peligro de una especie de “monopolio ideológico” , sino también que el criterio rector de privatización desemboque finalmente en una gran desigualdad entre los diversos sectores, tanto en las posibilidades de acceso como en la calidad de la educación. En uno y en otro caso, los ciudadanos, sobre todo los más pobres, no podrían ejercer su derecho a una educación humanizadora” [Ibid]
En esta oportunidad los obispos manifestaron su complacencia por la municipalización, aunque dejaron constancia de su temor, que esta medida tuviera el significado de un “control político” ya que los municipios dependían del Ministerio del Interior y los alcaldes eran designados por ese Ministerio
El aspecto de estas iniciativas del gobierno que más preocupación despertó entre los obispos, fue sin duda la orientación profunda de todos estos cambios.” Los Obispos temen “con fundamentos” que la nueva mentalidad que estos cambios están creando, “no se compadezca con los principios sustentados por la Iglesia y con los que, además constituyen la mejor tradición de Chile. En esta nueva educación, el énfasis se pone en el esfuerzo individual y en la competencia, como pilares en que descansa el progreso; los incentivos económicos se presentan como una