Con motivo de la movilización de los estudiantes secundarios la opinión pública se pregunta acerca del financiamiento de las medidas que involucran sus demandas. Por su parte, el gobierno de la Sra. Bachelet ha declarado sistemáticamente que no tiene dinero para resolver los problemas que el movimiento estudiantil ha puesto en evidencia.

Conviene entonces que la ciudadanía se entere y saque sus conclusiones sobre la verdad de los argumentos que esgrime el gobierno.

1º Se calcula que este año, según un precio promedio que supera los tres dólares la libra de cobre, los excedentes de CODELCO serán para este año más de 7.000 millones de dólares. Las platas anunciadas por Bachelet no representan sino 0.84% de los excedentes de CODELCO para 2006. Notemos que Chile carece de un régimen impositivo para gravar según sus intereses nacionales, las utilidades de las transnacionales extranjeras que operan en su territorio. Baste decir que las ganancias de compañías extranjeras ascienden a 16.746 millones de dólares que en virtud de una legislación tributaria lesiva para los intereses de Chile, negociada por los gobiernos de la Concertación, tributarán menos que CODELCO que sólo tiene un 30% de la producción total de cobre.

2º Gastos en defensa. Si lo que el gobierno de Bachelet está dispuesto a conceder es la suma de 31 mil millones de pesos para el transporte público de los estudiantes, o sea 57 millones de dólares [1USD=$ 530] para este año 2006, estaría significando que opta por dos F-16 Block 50 [última generación] de segunda mano, dentro de los 10 que Chile compró a Holanda.

Lo que aquí se señala no es una opción puntual: se trata de una política de Estado. Recordemos que el año 2005 tres países en Suramérica gastaron en defensa alrededor de 3.5% del PIB. Se trata de Ecuador, Colombia y Chile. En ese mismo año, Argentina gastó 1,13% y México 0.43% del PIB. Agreguemos que entre las últimas adquisiciones de la Armada hay 4 fragatas [1 tipo 22 y 3 tipo 33] compradas al Reino Unido; el Ejército, compró 100 unidades de tanques Leopard 2 y 24 nuevos sistemas de artillería M109A3 en Suiza y 150 vehículos de infantería AIFV en Bélgica.

A estas opciones bélicas, podríamos agregar algunos otros datos que revelan las políticas y compromisos de la Concertación. El Ministro de Hacienda evalúa el costo del transporte gratuito, en 166 mil millones de pesos al año [o sea 313 millones de dólares], lo cual no representa sino 9,6% del “gasto tributario”, esto es, subsidios, postergaciones de impuestos, rebajas de la renta imponible, créditos al impuesto etc., establecidos en la legislación tributaria y mediante las cuales el Estado deja de percibir 3.260 millones de dólares. Más aún, los 166 mil millones de pesos, representan 7,8% de la evasión tributaria, calculada en ¡4 mil millones de dólares!

Todo eso suponiendo que el cálculo del Ministro sobre el transporte gratuito de los escolares sea correcto. Ahora bien, el Ingeniero en Transportes, Luis Casado, pone en duda la evaluación del Ministro cuando escribe que “calcular el coste de la gratuidad del transporte escolar [Región Metropolitana] es sencillo: se multiplica el número de jornadas escolares, esto es, 220 días, por la cantidad de viajes diarios, 970.000, por la tarifa, o sea 0,23 US$, a saber: 970.000 * 220 * 0,23 US$ = 49.082.000 US$. Es decir, 49 millones de dólares y no 300 millones de dólares como afirma Andrés Velasco.

Casado agrega, “por razones que sería largo explicar pienso que este coste es aun menor”. Por lo cual, “Andrés Velasco debiese explicar cómo calcula sus 300 millones”. Más aún, Casado explica un dato interesante: “los pasajeros que pagan tarifa normal siguen subvencionando el transporte escolar”. Pues, como lo explica en su comunicación, en la tarifa normal de los pasajeros se incluye la subvención al pasaje escolar.

Concluye Luis Casado: “si el Estado subvencionase al transporte escolar pagando todo el coste, o sea si hubiese sólo una tarifa para todos los pasajeros, esa tarifa debiese bajar significativamente para todos porque desaparecería la necesidad de aumentar la tarifa normal para financiar la tarifa escolar”.

Pesos más, pesos menos, lo que está en juego es la educación, esto es, el futuro de Chile. Los empresarios piensan en la política del chorreo, y lo han dicho muy claramente, que lo que es bueno para los empresarios de la educación es bueno para Chile. Confunden la productividad con la calidad; las rentabilidades en la competencia mercantil con la libre enseñanza; la Superintendencia de Educación con la Superintendencia de Valores y Sociedades Anónimas; la flexibilidad laboral con la dignidad del docente; la tutela del Ministerio de Educación con la subcontratación.

Conscientes que sin presión no habrá acuerdo con el gobierno, los secundarios han señalado muy claramente que por ahora vuelven a clases, pues su representación en el Consejo Asesor presidencial para la Calidad de la Educación, nombrado por la Presidenta es inadecuada. Segundo, muchos de los personajes que allí aparecen han creído firmemente durante estos últimos 16 años lo que hoy pretenden modificar. Tercero, crearán un comité paralelo que desarrollará sus propias iniciativas. Cuarto, otorgan a la comisión presidencial un plazo de dos meses para pronunciarse sobre sus resultados. Si las propuestas son insuficientes la movilización continúa. Agreguemos, que ya se habla entre los secundarios recurrir al mecanismo del plebiscito, previsto en la Constitución de 1980 [Art. 5º] y que sistemáticamente la Concertación se ha negado a utilizar. Dura respuesta a sus mayores, que no han sabido o no han podido relevar uno de los retos que plantea la vuelta a la democracia en Chile.

En conclusión, se engañan quienes piensan que este es un desafío sólo de los secundarios. Su movimiento reveló que la sociedad chilena está consciente de la discriminación en la calidad de la educación que se imparte, determinada claramente por el dinero. Es más, la movilización de los estudiantes nos recuerda, una vez más, que los equilibrios socioeconómicos del modelo neoliberal, tan caro a la clase política chilena, golpean seriamente a elementales derechos humanos: derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Por último, muchachos en el tercer lustro de su existencia nos demuestran que son irreductibles a los argumentos de autoridad. Tienen su propia racionalidad forjada en la dura escuela de la vida. Muchos de ellos, a la vuelta de sus horas de clase, viven el desempleo de sus padres; la frustración de repetir su experiencia, en síntesis, de nunca poder mejorar sus condiciones de vida. Su racionalidad los impulsa hoy a proseguir un movimiento que deberá remecer los cimientos de la sociedad que hoy sustentan el actual modelo de educación en Chile.